En medio de un escenario electoral marcado por la fragmentación, la desconfianza y una sensación creciente de desgaste institucional, el Perú vuelve a enfrentarse a una pregunta de fondo: qué rumbo está tomando como país y, sobre todo, si es capaz de corregirlo.
En ese contexto aparece Perú, la Segunda República. Imaginar el futuro y escalar el abismo del bicentenario, de Elmer A. Monteblanco Matos, un ensayo que propone mirar más allá de la coyuntura para cuestionar las bases mismas sobre las que se ha construido la vida republicana en el país.
A partir de una lectura crítica de estos más de dos siglos de historia —marcados por la persistencia de la desigualdad, la corrupción y la fragilidad institucional—, el autor plantea la necesidad de repensar el proyecto nacional y abrir la posibilidad de una Segunda República.
Sobre ese diagnóstico, pero también sobre las alternativas que se desprenden de él, conversamos en la siguiente entrevista:
El diagnóstico: una república que no termina de consolidarse
Elmer, ¿Qué lo llevó a escribir Perú, la Segunda República y por qué consideró necesario intervenir en este debate ahora?
Como usted comprenderá, soy un ciudadano peruano resultado de una mixtura de diversas culturas: la andina milenaria, que forma el espíritu, y la española, que forma el carácter. De modo que, como se dice en el libro, los peruanos somos, de alguna manera, un pequeño mundo; es decir, una mixtura de culturas que conviven y que todavía no han resuelto sus problemas fundamentales. Por ello, necesitamos repensar el Perú a fin de resolver los problemas estructurales que nos agobian desde los inicios de la república.
Los peruanos somos una sociedad resiliente; sin embargo, nos hemos acostumbrado a sobrevivir en una situación de equilibrio precario y en una relación de marginalidad con los países desarrollados. Nos hemos resignado a ser un país proveedor de materias primas, a elegir cada cinco años gobiernos corruptos y a mantener una institucionalidad al servicio de los poderes fácticos. En consecuencia, nuestra relación de dependencia respecto de las metrópolis se ha profundizado y el país se ha desindustrializado.
En su obra usted sostiene que el proyecto republicano peruano muestra signos evidentes de agotamiento. ¿Cuáles son las expresiones más graves de esa crisis?
En los dos siglos y cuatro años de república (República del Bicentenario), el Perú no se ha desarrollado y prácticamente permanece detenido en su condición de país proveedor de materias primas. No ha sido capaz de generar una industria minera de ciclo completo, a pesar de las ventajas comparativas y competitivas que posee.
Dentro de este modelo primario exportador, que no tiene la necesidad ni la sensibilidad de generar capacidades internas propias, las políticas giran alrededor de los intereses de las empresas transnacionales y de los grupos de poder económico y político. Por esta razón, los gobiernos de turno no están interesados en el desarrollo de capacidades que permitan brindar servicios de alta calidad en sectores fundamentales como la educación pública, la ciencia y la tecnología aplicadas al desarrollo e industrialización de los recursos naturales.
En el plano político, un ejemplo claro de esta crisis es el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo actual (abril de 2026), copados por intereses corruptos que manejan el país principalmente en beneficio de grupos de poder transnacionales. Así, en pleno siglo XXI, el Perú continúa siendo —como entre los siglos XVII y XX— un proveedor de materias primas, ampliando su producción a minerales como cobre, zinc, oro e hierro, y ocupando posiciones destacadas en el ranking mundial.
Las raíces del problema: desigualdad, corrupción y debilidad institucional
En tu libro, ese agotamiento no se manifiesta de forma aislada, sino a través de dinámicas que se refuerzan entre sí; es por ello que a lo largo del mismo aparecen de manera recurrente la desigualdad, la corrupción y la fragilidad institucional. ¿De qué manera se conectan estos problemas dentro de la estructura del Estado peruano?
Efectivamente, el Perú es un país muy desigual y muy corrupto debido a su frágil institucionalidad, la cual, a su vez, es consecuencia de esa misma desigualdad y corrupción. De este modo, estamos atrapados en un círculo vicioso muy difícil de superar.
Entre otras razones, porque la desigualdad y la corrupción nos parecen hechos naturales, y cuestionarlos resulta políticamente incorrecto, convirtiéndose en comentarios marginales sin impacto real. Así, cuando alguna organización política llega al poder, suele olvidar la lucha contra la corrupción. Esta situación se arrastra desde la colonia, con honrosas excepciones como los gobiernos de Juan Velasco Alvarado, Fernando Belaúnde Terry y Valentín Paniagua Corazao.
Un país con alta desigualdad y corrupción difícilmente puede tener un futuro prometedor, especialmente para las grandes mayorías. Sin embargo, la sociedad no logra visibilizar este problema como estructural, sino como casos individuales, lo que limita las soluciones al ámbito legal, que suele funcionar de manera deficiente. Se estima que el costo anual de la corrupción bordea el 4% del PIB, es decir, alrededor de ocho mil millones de dólares.
Asimismo, una de las expresiones más graves de la crisis es la carencia de una identidad nacional capaz de sostener un Estado comprometido con el desarrollo. Esta situación se ha profundizado desde la Constitución de 1993, que ha orientado al país hacia una economía subordinada a intereses transnacionales.
El bicentenario y la necesidad de un punto de quiebre
El bicentenario ocupa un lugar importante en su reflexión. Más allá de su valor conmemorativo, ¿por qué considera que este momento histórico obliga a repensar el rumbo del país?
Después de más de dos siglos de república, es necesario evaluar las políticas y los gobiernos, identificar problemas, fortalezas, debilidades y oportunidades, y sistematizar estas experiencias como lecciones aprendidas. De este modo, la historia no debe ser solo un lamento por lo que no se logró, sino una guía sobre lo que no debemos repetir y lo que sí podemos construir.
En este contexto, las elecciones de abril de 2026 deberían marcar un punto de quiebre. Sin embargo, la fragmentación en múltiples organizaciones políticas que buscan capturar el Estado para intereses particulares constituye una tragedia moral y un retroceso. Por ello, es fundamental que la ciudadanía tome conciencia de su rol, y el libro busca contribuir a esa reflexión.
La propuesta: imaginar una Segunda República
De ese balance surge naturalmente la necesidad de no solo diagnosticar, sino proponer un horizonte distinto. Usted plantea la necesidad de imaginar una Segunda República. ¿Qué significaría concretamente ese nuevo horizonte para el Perú?
La Segunda República representa la posibilidad de superar problemas estructurales como la desigualdad, la corrupción, la desindustrialización y la debilidad institucional.
Es un proyecto colectivo orientado a construir un país más justo, donde la democracia represente realmente a los ciudadanos. No se trata solo de bienestar material, sino de recuperar valores, identidad y sentido de comunidad, sobre la base de condiciones concretas que hagan posible el cambio.
Como decía Jean-Paul Sartre: “Somos lo que hacemos con lo que han hecho con nosotros”. En ese sentido, los peruanos tenemos la responsabilidad de construir ese nuevo país como un hogar común, donde nadie sea invisibilizado y la democracia refleje verdaderamente los intereses de la nación.
Precisamente en ese marco, el libro propone ejes como educación de calidad, ciencia, industrialización e institucionalidad moderna. ¿Por qué estos campos resultan decisivos para una transformación real del país?
En el mundo actual, no existe un solo país que haya alcanzado un alto nivel de desarrollo y de bienestar para sus ciudadanos sin haber logrado antes y/o simultáneamente un alto nivel de educación técnica y científica. Los ejemplos más recientes son China y Corea del Sur en Asia, e Irlanda del Norte en Europa, así como otros países donde la educación y el desarrollo tecnológico explican su progreso económico y social.
Las experiencias de los países desarrollados nos muestran que el núcleo del progreso está determinado por la calidad de las políticas públicas, que, obviamente, depende de la calidad de sus políticos y de sus organizaciones sociales, económicas, científicas, etc. De modo que una sociedad que tolera la corrupción no tiene opciones de progreso, porque el enemigo principal, es decir, el “corrupto”, está dentro del tejido social y político. Además, estos tienen la capacidad de estructurar alianzas estratégicas para mantenerse en el poder (organizaciones políticas), por lo que combatir la corrupción desde el núcleo corrupto de los gobiernos es imposible. El Perú es un ejemplo de esta situación.
En este contexto, la institucionalidad republicana juega un rol fundamental, no solo como instrumento de políticas públicas generadoras de bienestar, sino también para incentivar las áreas estratégicas de desarrollo. La institucionalidad republicana debería asegurar la generación de empleo de calidad, un cambio tecnológico menos dependiente y los procedimientos necesarios para una adecuada asignación de recursos: planeamiento gubernamental del desarrollo, funcionamiento de los mercados y total soberanía nacional en el uso de sus recursos naturales.
Condiciones para el cambio: Estado, ciudadanía y responsabilidad colectiva
Repensar la República supone también revisar el pacto social. ¿Qué tipo de relación entre Estado, ciudadanía y nación debería construirse para hacer viable ese cambio?
En el Perú se suscribieron doce (12) mandatos constitucionales o “Constituciones Políticas del Estado Peruano”, cuyo promedio de vigencia en el periodo 1823-2025 es de 17 años. La Constitución actual, aprobada en 1993, tiene el récord de vigencia de 32 años, un periodo suficientemente largo como para evaluar su desempeño y utilidad como marco generador del desarrollo económico y de la distribución del ingreso y de la riqueza nacional entre sus ciudadanos, a través de los mecanismos constitucionales y de mercado.
La Constitución de 1993 y las políticas que se han desarrollado bajo este marco constitucional de libre empresa y mínima participación del Estado han enfatizado el desarrollo de capacidades materiales que son aprovechadas principalmente por las empresas transnacionales que explotan los recursos naturales (minería, petróleo, gas, espacios turísticos, etc.). Esto explica el crecimiento económico de los últimos años (2000-2019), en los que el país se ha desindustrializado y reprimarizado. De este modo, los indicadores macroeconómicos son muy positivos; sin embargo, los indicadores microeconómicos de los sectores no involucrados directamente con el sector externo son menos halagüeños.
En este contexto de crecimiento económico, explicado principalmente por la calidad de los recursos naturales y los precios de intercambio, es necesario repensar las políticas públicas para orientarlas al desarrollo de capacidades nacionales, como, por ejemplo, la industrialización de ciclo completo de los recursos naturales. Complementariamente, es necesario mejorar la relación impuestos–PIB (presión fiscal), así como la calidad y eficiencia del gasto público.
En ese sentido, el libro no solo analiza, sino que también se posiciona desde una responsabilidad personal frente a esa realidad ¿Cómo dialogan en usted la reflexión intelectual y la preocupación por el destino concreto del país?
Como se comprenderá, soy un ciudadano atrapado en sus circunstancias. No puedo dejar de ser ciudadano y tampoco puedo dejar de ser un intelectual crítico de la situación en la que se encuentra mi país, al que considero el hogar de todos los peruanos.
Como diría el escritor uruguayo: “Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”. En consecuencia, asumo con total responsabilidad lo que escribo y expreso, probablemente con muchos equívocos, pero es lo que me corresponde. Afortunadamente, he entendido que equivocarse es natural y que la perfección es aquello que se pretende alcanzar. De modo que la Segunda República es un sueño realizable: una sociedad humana, espiritual, igualitaria e inclusiva; es decir, profundamente democrática.
¿Es posible un proyecto nacional compartido?
En un contexto marcado por el desencanto y la desconfianza, ¿cree que el Perú aún puede pensar colectivamente en un proyecto nacional compartido?
Es un desafío complejo. Entiendo que no existe un solo país en el mundo que haya sido capaz de florecer y realizarse sin antes haber tenido una acción colectiva para construir una nación. Las sociedades se construyen a sí mismas y forman naciones.
En relación con el proyecto nacional compartido, deberíamos preguntarnos si los peruanos podremos lograr, en lo que queda del siglo XXI, un nivel de bienestar cercano o, por lo menos, estar por encima de la media de ingresos per cápita de los países de la región (Argentina, Brasil, Colombia y Chile) hacia finales del año 2099.
Al respecto, creo que será muy difícil salir del subdesarrollo en el que nos encontramos si no cambiamos la matriz productiva del país y no se combate con determinación la corrupción. El costo anual de la corrupción ronda el 4% del PIB; de modo que, en 2024, ascendió a US$ 7,460.27 millones. Además, se estima que el costo acumulado por corrupción durante el período 1950-2024 fue de US$ 161,775.90 millones.
Una posibilidad abierta
Y, finalmente, todo ese recorrido desemboca en el sentido último del libro. ¿Qué conversación espera abrir en los lectores con Perú, la Segunda República y cuál sería la idea central que le gustaría que permanezca después de la lectura?
Me gustaría que los lectores del libro Perú, la Segunda República imaginen un hogar con niños saludables y bien nutridos, en pleno uso de todas sus facultades cognitivas, y con padres que gocen de empleos dignos donde puedan desarrollar todas sus capacidades.
Finalmente, me gustaría que se comprenda que el Perú es el hogar de todos los peruanos y que podemos construirlo si lo decidimos; solo necesitamos ponernos de acuerdo, y es en ese punto donde la política adquiere verdadera importancia.
La conversación con Elmer A. Monteblanco Matos deja una idea difícil de eludir: el problema del Perú no es únicamente el desorden del presente, sino la continuidad de un modelo que no ha logrado transformarse en lo esencial. La desigualdad persistente, la corrupción normalizada y la debilidad institucional no son episodios aislados, sino parte de una estructura que se ha sostenido a lo largo del tiempo.
Frente a ello, Perú, la Segunda República. Imaginar el futuro y escalar el abismo del bicentenario no se limita a describir el problema. Propone, más bien, una tarea: repensar el país desde sus bases, recuperar el sentido de lo público y construir un horizonte común que trascienda la coyuntura, incluso en medio de un escenario electoral incierto como el actual.
La idea de una Segunda República aparece así no como una consigna, sino como una posibilidad exigente, que depende de la capacidad colectiva de asumir el cambio.
Si esta entrevista deja abiertas preguntas —o incomodidades—, es precisamente ahí donde el libro encuentra su punto de partida.
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